Enjuiciar a un ex Presidente

Carmen Aristegui F.

5 Jun. 09

Leer la nota ayer firmada por Stella Calloni, corresponsal de La Jornada en Buenos Aires, obliga a pensar en el significado que debería tener para un país el hecho de que quien ejerció la máxima autoridad y abusó de ella sea llamado a cuentas. Inevitables son las analogías y comparaciones. Calloni informa que “el juez federal argentino Marcelo Martínez de Giorgi embargó… bienes del ex Presidente Carlos Menem (1989-1999) por cien millones de pesos (unos 30 millones de dólares), al igual que de su ex ministro de Economía Domingo Cavallo, en su caso por más de tres millones de dólares. Ambos son procesados por delitos de peculado con fondos públicos para beneficio personal… los ministros de Ambiente y de Justicia del ex Presidente también enfrentan cargos”. Aún sin conocer los detalles de las investigaciones al ex Presidente, considerado como uno de los más corruptos en la historia de Argentina, es claro que el andamiaje judicial e institucional está permitiendo procesar hechos de corrupción que dañaron seriamente el patrimonio y la vida de aquel país hace ya varios años.

La analogía obligada es con Salinas de Gortari. Los dos encabezaron gobiernos privatizadores. Ambos han sido señalados por haberse beneficiado -y permitir que sus cercanos lo hicieran- en forma desmedida con esos procesos y licitaciones. En México, el tema se ha revivido con las recientes declaraciones del ex presidente De la Madrid sobre la corrupción, inmoralidad y comunicación con narcotraficantes de la familia Salinas de Gortari. Queda para el registro los motes de hermano incómodo o “diez por ciento” con los que se conoce al mayor del clan.

Menem ha enfrentado desde los años noventa un conjunto de escándalos que incluyen acusaciones por el pago de sobornos de empresas extranjeras y otros hechos de corrupción que quedaron mezclados en venta y procesos cercanos a los 30 mil millones de dólares. A Menem se le ha acusado formalmente, entre otras cosas, de delitos graves como la venta de armas a Ecuador y Croacia y por la explosión de una fábrica militar para encubrir esa venta ilegal que costó, entre otras cosas, la vida a una decena de personas. Los Salinas han sido objeto de imputaciones sobre narcotráfico, lavado de dinero y desvío de fondos públicos y fueron investigados durante años por tribunales en Francia, Suiza e Inglaterra. La parte más conocida de aquellas investigaciones se refiere a la red de 30 cuentas colocadas en seis bancos y vinculadas directamente a los Salinas. La investigación en Suiza terminó en junio de 2002. Se estableció que había responsabilidad penal de Raúl Salinas y de Paulina Castañón en cuanto a la titularidad, última y definitiva, de los millones de dólares de esas cuentas. Suiza decidió, después de presumir un origen criminal, que hasta que la PGR no determinara la verdadera procedencia mantendría congelados casi 130 millones de dólares. Para ello, todo el expediente fue enviado a México.

Hace algunos años el periodista argentino radicado en Ginebra Juan Gasparini me dijo: a tu país “…fue un avión lleno de papeles”. Los mexicanos no hemos tenido noticia de qué hizo la PGR con toda esa información. No queda claro el estatus jurídico de Salinas. No queda claro si quedan causas abiertas por la existencia de ese dinero negro o no. Suiza entregó finalmente en el sexenio de Calderón el dinero al gobierno mexicano y una parte al empresario Carlos Peralta, que fue el único que sostuvo ante Suiza que había aportado una parte de un “fondo” de empresarios que “explicaba esa fortuna”. El resto se integró al presupuesto nacional. La PGR no le devolvió nada a Raúl ni a los otros y, por lo tanto, por lo menos de eso no se le puede considerar exonerado. De la partida secreta quedan las expresiones de Luis Téllez, de Miguel de la Madrid y una investigación fallida de la ex subprocuradora María de la Luz Lima Malvido que tuvo que salir a un extraño y largo exilio diplomático. Menem tiene, por ahora, la inmunidad que le da ser legislador por La Rioja. Salinas no. Simplemente encarna la frase que aceptó De la Madrid para describir a la realidad nacional: “la impunidad es condición necesaria para que la maquinaria siga funcionando”. Salvo prueba en contrario, la vigencia del dicho se mantiene.

Fuente: Diario Reforma