Las vergüenzas de la Corte
6 Agosto 2009 in Otras columnas
Lydia Cacho
06 de agosto de 2009
No sorprende la opinión del ministro Sergio Aguirre Anguiano, quien asegura que la Suprema Corte de Justicia de la Nación no tiene por qué investigar la negligencia criminal que llevó a la muerte de 49 niñas y niños. La corriente ultraconservadora del tribunal supremo al que pertenecen Aguirre, Mariano Azuela y el presidente de la Corte ha manifestado una sistemática repulsa a los casos más simbólicos de violación a los derechos humanos.
Hace dos años, en el caso de pederastia y pornografÃa infantil, el mismo ministro dijo que a la Corte no le concernÃa que miles de criaturas fueran explotadas sexualmente. Es claro que la vida y la muerte de la infancia mexicana no tiene cabida en la conciencia de algunos jueces. No debe sorprendernos, pero sà indignarnos. Cuestionar el trabajo de estos jueces e incluso su pertenencia a la Corte es un derecho de la sociedad, un derecho al que jamás debemos abdicar.
La primera noche, mientras una pequeña ya ciega por el fuego yacÃa en coma, el gobernador Eduardo Bours dormÃa plácidamente en casa; argumentó luego que “el accidente†era un problema federal. Mientras tres pequeñitos lloraban de dolor antes de fenecer frente a la desesperación de sus madres y padres, los dueños de la guarderÃa hablaban con sus abogados; la ProcuradurÃa General de la República les dio un mes para huir y ampararse de una orden de arresto. Al tiempo que 22 bebés agonizaban, empleados estatales sacaban reportes falseados de revisión de la guarderÃa.
Se solicitó a la Corte aplicar la facultad del artÃculo 97 constitucional como medio de control para preservar el estado de derecho, en juego por la ineptitud y corrupción de las autoridades implicadas.
Todo México deberá poner la mirada en la Suprema Corte; de lograr seis votos a favor se darÃa el mensaje al Estado: administrar los programas públicos implica responsabilizarse de sus consecuencias; las niñas y los niños mexicanos son sujetos de derecho, jamás objetos para ser embodegados.
Fuente: El Universal
Lidia, en lo personal creo que ya no se puede con estas gentes, digo son gentes, no ministros. No se puede cambiar al estado; si no es un ministro, es un gobernante, si no es un candidato, es un funcionario, no se puede, si no es una gente es la otra; viven en un estado de insensates.
Pero esta actitud la tiene toda la sociedad, la actitud del “ministro” la tiene mi vecino, y asi que se puede hacer en este pais altamente contaminado…….
Yo creo que están culpando demasiado al gobierno federal.
los estados solamente cuando les conviene hablan pero cuando no se esconden. Está como aca en Coahuila, el gobierno del estado no quizo hacerse cargo de los daños de autos despues de un tiroteo en una colonia bien, según esto porque ellos no habian participado en el operativo.
Si los estados reciben dinero de la federación, que lo administren como les plazca pero que se reponsabilicen de todo lo que implique.
Gracias.
Carmen, hoy en el noticiero MVS, léyó la siguiente carta:
Exhortan a la SCJN a profundizar en el caso Acteal
La Jornada. Correo ilustrado.
12 agosto 2009
Los miembros de la Red por la Paz nos adherimos al pronunciamiento del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas respecto del caso Acteal y la posible resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), que dejarÃa en libertad a presos acusados de participar como autores materiales.
Rechazamos la posible puesta en libertad de los autores materiales del crimen de lesa humanidad perpetrado en Acteal el 22 de diciembre de 1997, lo cual pudiera resultar de una resolución de la SCJN fundamentada en la exclusiva revisión de formalidades respecto de los procedimientos judiciales, sin profundizar en las consideraciones del derecho que debieran llevar a determinar la responsabilidad penal de los autores intelectuales, garantizando asà que un crimen de las dimensiones como el que se cometió en Acteal quede impune.
Con una resolución de la SCJN que pusiera en libertad a quienes han sido claramente identificados y señalados por las vÃctimas, además de ratificar la incapacidad del sistema judicial mexicano para impartir justicia, se estará poniendo en riesgo la paz pública y social en el municipio de Chenalhó y en varios otros de Chiapas en los que operan grupos de corte paramilitar.
Para nuestras organizaciones y las comunidades indÃgenas que acompañamos, el crimen de Estado que se cometió en Acteal no deja de ser de extraordinaria actualidad por sus dimensiones y repercusiones. Exhortamos a los ministros de la SCJN a considerar cuidadosamente lo que pueda resultar de la resolución que determinen.
Ocosingo, Chiapas.
Educación para la Paz (Edupaz), Centro de Investigaciones Económicas y PolÃticas de Acción Comunitaria (CIEPAC), Desarrollo Económico y Social de los Mexicanos IndÃgenas (Desmi), Servicio Internacional para la Paz (Sipaz), Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas, Comisión de Apoyo a la Unidad y Reconciliación Comunitaria (Coreco), Centro de Derechos de la Mujer de Chiapas, Centro de Derechos IndÃgenas (Cediac), Enlace Capacitación y Comunicación, Comité de Derechos Humanos Fray Pedro Lorenzo de la Nada, Servicios y AsesorÃa para la Paz (Serapaz)
Abogados: procede reponer procedimientos
A los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN):
Al resolver el caso de la masacre de Acteal, ustedes no deben desestimar los señalamientos directos contra los asesinos materiales, emitidos por los sobrevivientes de ese ataque.
Estos señalamientos directos de los testigos los obligan a confirmar la sentencia contra los responsables materiales de tal acto, que de ninguna manera pueden ser liberados, aduciendo supuestas o reales irregularidades procesales.
Los errores procesales nunca han sido sustento para que los jueces concedan un amparo liso y llano, por el contrario, en este tipo de violaciones procesales, que se dan en todos los casos, se otorga amparo de los llamados para efectos, mediante el cual se ordena reponer el procedimiento para subsanar dichos yerros.
En este tenor, lo que procede es que ustedes resuelvan ordenando reponer el procedimiento para subsanar las fallas y, asimismo, para el efecto de que comparezcan todos los implicados materiales e intelectuales, funcionarios con altos cargos en el gobierno de Ernesto Zedillo, incluido él mismo.
Es del dominio público que los asesinos materiales fueron organizados, entrenados y dotados de armas de uso exclusivo de las fuerzas armadas para llevar a cabo esta masacre, como parte de las actividades de contrainsurgencia planeadas por los responsables intelectuales.
Es evidente que estos errores y omisiones fueron cometidos por la ProcuradurÃa General de la República de manera intencional para encubrir a los responsables intelectuales y ahora se pretenden utilizar como argumento para sustentar la indebida libertad de los asesinos materiales y victimizarlos.
De ordenar su libertad, dejarÃan en la absoluta impunidad el homicidio colectivo de 47 indÃgenas, niños y mujeres en su mayorÃa. ¿Quién les hará justicia?
Bufete JurÃdico Tierra y Libertad, AC. Bárbara Zamora y Santos GarcÃa
EN LO PERSONAL CARMEN Y TOMAS MOJARRO ME PARECEN QUE SON DEL LOS MUY POQUITOS MEXICANOS QUE QUIEREN Y AMAN A SU PAIS Y A SU VEZ HACEN ALGO POR EL, DIRIA YO QUE SON UNOS BUENOS MEXICANOS, LASTIMA QUE EL SISTEMA NO LOS DEJE TRACENDER, POR MIEDO, MIEDO A SUS SIN ERRORES QUE SON IMPERDONABLES.
BIEN CARMEN Y ADELANTE CONTINUAMOS ESCUCHANDOTE,
GRACIAS POR EL BLOG